A más de dos días del incendio que destruyó entre 57 y 60 viviendas en los barracones de Javid, ubicados en el sector Palmarito de Barahona, decenas de familias permanecen sin un techo y rechazan la propuesta oficial de asistencia para alquileres. El siniestro ocurrió la noche del miércoles 11 de noviembre y dejó a los residentes sin hogares, ajuares y documentos personales.

Ante la falta de una solución habitacional estable, algunas personas se encuentran a la intemperie, mientras que otras buscan refugio en iglesias, casas de familiares o debajo de bancas de apuestas. La propuesta gubernamental consiste en cubrir tres meses de alquiler para los inquilinos y seis meses para los propietarios, medida que fue cuestionada por los afectados debido a la limitación temporal y a la falta de empleos e ingresos.

«Quieren darnos tres meses y después que nosotros hagamos lo que queramos. Eso no se puede, porque no tenemos dónde dormir ni dónde vivir. Después que se cumplan esos tres meses, ¿para dónde vamos?»

Giselina Cuevas, una de las damnificadas, advirtió que los afectados podrían realizar protestas o instalarse de forma provisional en el liceo Federico Henríquez y Carvajal si no reciben una respuesta habitacional adecuada. Asimismo, señaló que aunque han recibido fundas con alimentos, carecen de estufas y utensilios para cocinar.

Por su parte, Sonia Batista Díaz, madre de cinco niños, indicó que ha tenido que alternar las noches entre la casa de un hermano y debajo de una banca de apuestas, una situación agravada porque una de sus hijas dio a luz recientemente y también perdió su vivienda. Los afectados solicitaron habilitar provisionalmente el liceo Federico Henríquez y Carvajal o las instalaciones de los Comedores Económicos del Estado como refugio temporal.

Reclamos adicionales y demandas

Durante las evaluaciones preliminares, el presidente de la junta de vecinos, Freddy Féliz, cifró entre 57 y 60 las familias afectadas y coincidió en que la disponibilidad de viviendas en alquiler en la zona es limitada. Féliz planteó como alternativas el traslado provisional a la Villa Olímpica de Villa Central y la habilitación de los Comedores Económicos, y comunicó que solicitó una nueva reunión con la gobernadora provincial, Oneida Féliz.

Entre los antecedentes mencionados por los residentes, María Esthel Molina recordó que hace seis años se prometieron viviendas mediante el proyecto habitacional Villa Esperanza, iniciado durante una gestiones del expresidente Leonel Fernández y que permanece inconcluso.

Adicionalmente, se reportaron dificultades para recuperar documentos personales. Erika Rosario denunció que al acudir a la Junta Electoral de Barahona para solicitar un duplicado de su cédula destruida por las llamas, le informaron que debía pagar 1,200 pesos. En tanto, Amaury Féliz denunció que el servicio eléctrico no había sido restablecido en las viviendas que quedaron en pie tras transcurrir más de 61 horas del siniestro.

Con información de El Nuevo Diario, Diario Libre.

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