Plantea covid-19 obliga a fortalecer controles en la gestión pública.
El experto de la auditoría y catedrático universitario Alis Medina, aspirante a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), consideró que ese organismo urge de cambios profundos y una reforma a la Ley 10-04 para su fortalecimiento, a fin de afrontar los grandes retos que deja en la economía la pandemia del coronavirus y la covid-19, debido a las debilidades en la fiscalización y controles en el Estado.
Medina afirma que como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vaticinado que para el 2021 República Dominicana registrará una recesión en la economía de un 5,9%, el país debe ajustarse a una realidad que podría prolongarse en los próximos años, para lo cual será necesario un mayor control externo por parte de la Cámara de Cuentas.
Alis Medinas es evaluado por la comisión especial del Senado de la República junto a otros aspirantes para formar parte de la Cámara de Cuentas y será nuevamente entrevistado por la referida comisión el este jueves.
Planteó que como parte de los cambios requeridos en la CC; se escoja para su conformación al menos dos Contadores Públicos Autorizados, incluido su presidente, con prácticas y experiencias comprobadas en auditorías independientes tanto el en sector público como en el privado.
En una declaración escrita enviada a los medios de comunicación, Medina dijo que los cambios en el organismo deberán estar dirigidos a promover la ética, la eficiencia, eficacia y facilitar la transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.
Además, buscar el fortalecimiento de la labor fiscalizadora a través de la adecuación de la Ley 10-04 e incluir el Marco Técnico, con el propósito de estar en condiciones de auditar, de manera más eficiente y expedita, las acciones gubernamentales, en base a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Planteó la implementación de un sistema informático de apoyo a la fiscalización. “La evolución de la Tecnología nos permite pensar en nuevos mecanismos de fiscalización, en el uso sofisticado de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s), técnicas de análisis de datos y nuevos desarrollos de medidores de indicadores de auditoría de gestión, para poder lograr la capacidad de detectar posibles operaciones fraudulentas con el simple manejo de datos, y así posibilitar un gobierno eficaz en las actividades de control y ordenamiento de la gestión TIC”, indicó.
Asimismo, fortalecer el Control Social de la sociedad dominicana, mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica (APP Ciudadana CCRD), “para que cualquier ciudadano u organización social interesada, pueda tener acceso a las auditorias, informes de transparencias, ejecuciones presupuestarias, buzón de sugerencia, denuncias, eventos y otros, adicional a las informaciones publicadas en la página de internet. Tal como existen en países, como: México, Chile, etc.”
Sugiere la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el fortalecimiento de las políticas de organización interna, a partir del establecimiento de medidas de protección del personal, unido a la aplicación de acciones administrativas y organizacionales para garantizar la continuidad de las labores fiscalizadoras.
Argumentó que esto permitirá desarrollar auditorías en un menor tiempo y ahorros de costos operativos.
El experimentado auditor sostuvo que uno de los parámetros básicos para analizar la calidad de una democracia es la eficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Mayor presupuesto
El experto de la contaduría y la auditoría interna y externa estima que, para los cambios y reformas propuestos, dirigidos a superar las falencias y debilidades, se requiere mejorar el presupuesto de la CCRD.
Expresó que la Cámara de Cuentas opera con un faltante estimado de 60% de lo que está previsto en la Ley que la rige, y advirtió que de no recibir los fondos requeridos se limitaría su verdadero alcance por su condición de órgano superior de control y auditoria, para así garantizar su plena independencia.
Sugirió que para los cambios planteados en la Cámara de Cuentas, el Poder Ejecutivo, el Senado de la República y la Cámara de Diputados emprendan esfuerzos conjuntos y se aboquen a una reforma de la Ley 10-04.
