Las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en el marco de la denominada Operación Rompeolas han permitido identificar nuevas ramificaciones de una red de narcotráfico internacional que presuntamente era dirigida por Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá. La estructura criminal, según el expediente acusatorio, mantenía conexiones con otras organizaciones delictivas y utilizaba diversos mecanismos de blanqueo de capitales, además de presuntas redes de protección dentro de instituciones de seguridad.
Implicación de miembros y exmiembros castrenses
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por la fiscalía, dos integrantes de la División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana, identificados como el sargento mayor Celestino Reyes Castillo y el cabo Andis Terrero, habrían brindado protección a la organización criminal. El expediente vincula a ambos con una operación coordinada el 16 de mayo de 2022, cuando la estructura pretendía enviar una embarcación con 503 paquetes de cocaína desde las costas de Miches hacia Puerto Rico, un traslado que fue suspendido por la presencia de autoridades en la zona.
La Procuraduría Especializada Antidrogas detalla que Andis Terrero, señalado como exmiembro de la Armada, facilitaba información, asesoría y seguridad para permitir la salida de embarcaciones con sustancias controladas. Asimismo, las interceptaciones telefónicas incorporadas en la investigación revelan conversaciones en las que se mencionan presuntos sobornos a personal militar para conocer los movimientos en las zonas costeras y evitar la interceptación de los cargamentos.
Conexiones internacionales y lavado de activos
El Ministerio Público señala que el cabecilla Fausto Candelario Ortiz mantuvo vínculos previos con otras estructuras del narcotráfico, incluyendo la red dirigida por el colombiano Junior Gabriel Brea Divamna, conocido como Junior Pañales o Corre Camino, y la organización liderada por Jonás Aquiles Castillo Rijo, alias La J, la cual operaba como socio de distribución operacional de la red.
En el ámbito financiero, la investigación destaca la presunta participación del exjuez del Distrito Judicial de La Altagracia, Teodoro Castillo, alias Adriano, quien fue desvinculado de sus funciones judiciales por faltas graves. Según el expediente, el exmagistrado habría utilizado sus conocimientos jurídicos para ocultar propiedades y facilitar operaciones de lavado de activos mediante la elaboración de documentos relacionados con préstamos, hipotecas simuladas y contratos de inversiones inmobiliarias.
La organización habría movilizado más de mil millones de pesos dominicanos y aproximadamente 16.4 millones de dólares en bienes inmuebles y vehículos. Para ocultar los activos, la red utilizaba a familiares, parejas sentimentales y empresas comerciales como Constructora Frasan e Inversiones Candelario & Del Rosario Negocios Diversos, SRL. En total, la Operación Rompeolas involucra a 22 imputados por su presunta participación en actividades de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
Con información de Noticias SIN, El Día, Noticias SIN.





















