El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones emitió la Resolución 100-2026 para limitar la integración de programas y aparatos fabricados por entidades catalogadas como peligrosas dentro de las redes críticas del país. La disposición se promulgó el 13 de noviembre tras recibir la aprobación el 29 de octubre, basándose en un reporte reservado emitido por la Dirección Nacional de Inteligencia.

La normativa establece cinco parámetros específicos para calificar a los suplidores tecnológicos. Estos abarcan historial con incidencias sin resolver, inconvenientes para fiscalizar los sistemas de forma independiente, normativas extranjeras que obliguen a entregar datos institucionales sin orden judicial, falta de adhesión del país originario al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y mandatos legales que obliguen a reportar vulnerabilidades informáticas a los gobiernos antes de solucionarlas.

Impacto en la infraestructura y nuevos operadores

Las prohibiciones provisionales se enfocan en el núcleo de las redes, área responsable de la validación de usuarios, dirección de datos, administración de transmisiones y enlaces entre compañías. La medida coincide con el proceso de establecimiento de la corporación Viettel, procedente de Vietnam, la cual abonó más de 972 millones de pesos al organismo regulador como primer desembolso por su concesión de veinte años para operar redes de cuarta y quinta generación.

La disposición dictamina que las empresas de telecomunicaciones deben avisar con tres meses de anticipación cualquier modificación, crecimiento o montaje de elementos en la infraestructura esencial. Asimismo, la medida estipula un periodo de sesenta días para recibir comentarios de los sectores interesados antes de emitir un fallo definitivo y redactar una normativa permanente sobre proveedores seguros.

Con información de Diario Libre.

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