La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 11 de enero de 2027 el conocimiento del recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. El órgano acusador busca anular el auto de no ha lugar que favoreció a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, para que ambos sean enviados a juicio de fondo por presunta corrupción administrativa.

La postergación de la audiencia se debió a la falta de notificación a varias de las partes involucradas en el proceso penal. Al acoger la solicitud de las defensas, incluyendo la del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, la presidenta del tribunal, Ysis Muñiz, argumentó el riesgo de excluir a actores del proceso que podrían resultar afectados por las conclusiones de los recursos.

Laura Acosta, abogada de Gonzalo Castillo, sostuvo que el rol de audiencia contaba con un total de 15 recursos de apelación y que a su representado solo se le notificaron 11. La jurista afirmó que el exministro conserva plenamente sus derechos civiles y políticos, y expresó confianza en que el auto de no ha lugar será confirmado por el tribunal.

Por su parte, la titular de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que la falta de notificación afectó tanto a algunas defensas como a querellantes.

“Se ha suscitado en la audiencia que muchas de las partes recurridas y algunos recurrentes no estaban notificadas del cien por ciento de los escritos y por tanto el tribunal, en garantía del debido proceso, otorgó un plazo a todo aquel que pretendiera tener acceso a los recursos pudieran comunicarlo a la secretaría y pasar y tomar conocimiento”

Ortiz insistió en que el Ministerio Público está preparado para demostrar ante la corte que los implicados deben ser enviados a juicio de fondo. Señaló que resulta ilógico que, tratándose de acusados por los mismos hechos, con los mismos testigos y elementos documentales, las pruebas fueran consideradas suficientes para algunos y no para otros.

El tribunal concedió un plazo de dos días a las partes que alegan no haber recibido las notificaciones para que lo informen a la secretaría. El próximo 1 de diciembre deberán retirar los documentos correspondientes a los recursos del Ministerio Público y del Equipo de Recuperación del Patrimonio del Estado. La jueza explicó que la nueva fecha se fijó debido a la complejidad del caso, la acumulación de días feriados entre diciembre y enero, y la necesidad de emitir un auto para reasignar otros procesos ya pautados por la corte.

Con información de Diario Libre, N Digital, Remolacha.

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