La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, manifestó su preocupación por los efectos de la corrupción y la aplicación desigual de las regulaciones en el comercio y los ingresos del Estado dominicano. A través de una publicación en redes sociales, la diplomática indicó que estas prácticas generan condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con las normativas establecidas.
La postura de la representación diplomática estadounidense coincide con una serie de intervenciones realizadas por las autoridades dominicanas en establecimientos comerciales. Entre las acciones recientes figura el cierre de la Fábrica Cartesa, ubicada en la comunidad de Pata de Palma, en San Antonio de Guerra, durante un operativo ejecutado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías.
Reconocimiento a las medidas oficiales
Sobre esta intervención, el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Juan Pablo Segura, emitió un mensaje en el que señaló que las compañías deben respetar la legislación laboral y normativa de cada nación.
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El funcionario estadounidense añadió que la referida empresa no contaba con permisos de operación, mantenía un depósito ilícito de combustible y presentaba irregularidades vinculadas a la contratación de trabajadores.
Por su parte, la embajadora Campos destacó la cooperación bilateral en materia comercial y de seguridad, valorando las acciones adoptadas por el Gobierno dominicano para mantener condiciones que favorezcan el comercio legítimo y combatir actividades ilícitas.
Antecedentes en el sector laboral
Las acciones de control por parte de las autoridades dominicanas se han intensificado en semanas recientes. El pasado 20 de octubre, el Ministerio de Trabajo ordenó la paralización de operaciones de 24 empresas de capital chino tras inspeccionar un centenar de establecimientos.
Según la información oficial ofrecida por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, las inspecciones detectaron incumplimientos en materia de derechos laborales, normas de seguridad y salud en el trabajo, así como violaciones a la disposición del Código de Trabajo que exige que al menos el 80 por ciento de la nómina esté compuesta por trabajadores nacionales.
Con información de CDN, Remolacha, Diario Las Américas.
