El presidente Luis Abinader anunció durante su participación en el espacio LA Semanal con la Prensa la necesidad de modificar el marco legal que rige el Seguro Nacional de Salud. El objetivo principal de la iniciativa es integrar de manera definitiva los mecanismos de supervisión y prevenir deficiencias operativas en la entidad estatal.
Durante su intervención, el mandatario explicó que la aseguradora operaba anteriormente sin una Unidad de Auditoría Interna perteneciente a la Contraloría General de la República y carecía de un consejo administrativo y financiero para la supervisión de decisiones específicas.
Realmente hubo una falla de control estructural desde su fundación
declaró el gobernante al referirse al estado original de la institución.
El jefe de Estado indicó que, aunque ya se implementaron correcciones por la vía administrativa, resulta fundamental plasmar estas modificaciones en la legislación para asegurar su permanencia institucional. Asimismo, el mandatario mencionó que la administración gubernamental analiza posibles cambios normativos en otras dos dependencias estatales, cuyos nombres no fueron divulgados para prevenir interpretaciones erróneas sobre sus operaciones, señalando que las revisiones poseen un enfoque preventivo.
Nuevas medidas de supervisión
Por su parte, representantes de la Contraloría General de la República detallaron que la entidad cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en seguridad social, auditores y profesionales del derecho. Este grupo efectúa evaluaciones preventivas recurrentes destinadas a identificar riesgos, detectar debilidades administrativas y mantener vigilancia sobre los fondos públicos. Adicionalmente, el organismo confirmó que SeNaSa comenzó a registrar sus contratos directamente en la Contraloría.
En el mismo orden, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aclaró que una de las deficiencias detectadas radicaba en la contratación de prestadoras de servicios de salud, las cuales operaban al margen de la antigua Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Había un mecanismo al margen de la ley, por eso la Dirección General de Contrataciones, en relación con las contrataciones de las prestadoras de servicios, no tenía competencia para el seguimiento, para regular o para controlar esos procesos de contratación
puntualizó el funcionario.
Como parte de las acciones correctivas, la aseguradora cuenta actualmente con un reglamento interno para contrataciones y una unidad de auditoría propia. Por otro lado, la Contraloría informó que las Unidades de Auditoría Interna en el aparato estatal se transformarán en dependencias con mayores atribuciones de prevención, estimando que cada una ejecute entre 12 y 15 actividades de control interno.
Con información de El Día.





















