Las autoridades judiciales de la República Dominicana se alistan para someter ante los estrados judiciales la solicitud de medidas de coerción en contra de Willy Zorrilla, concejal del municipio Higüey perteneciente al Partido Reformista Social Cristiano, junto a otros implicados en una investigación por presuntas actividades de narcotráfico internacional y blanqueo de capitales denominada Operación Rompeolas.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por las instituciones involucradas en el caso, el expediente será ventilado en los tribunales correspondientes a la circunscripción de la provincia La Altagracia, demarcación donde habrán de comparecer los prevenidos una vez sean trasladados para el desarrollo de las audiencias.
Detención en el extranjero y despliegue operativo
Como parte de las diligencias instrumentadas en el proceso, la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público informaron sobre la captura en territorio colombiano de César Augusto Rodríguez Severino, también conocido como Dondy, de 55 años de edad. Dicho arresto se materializó mediante los mecanismos de cooperación internacional coordinados con la Interpol, al ser señalado como presunto integrante de la estructura criminal desarticulada.
Las indagatorias requirieron la movilización de más de ochenta fiscales y seiscientos cincuenta efectivos de la Policía Nacional y la agencia antidrogas, quienes ejecutaron sesenta y cinco allanamientos simultáneos. Estas incursiones abarcaron las provincias La Altagracia, El Seibo y Duarte, además del Distrito Nacional y la demarcación de Santo Domingo Este.
Modus operandi de la red
Según los datos ofrecidos por la investigación del Ministerio Público, la supuesta organización utilizaba las costas ubicadas en Bayahíbe y Boca de Chavón, en la provincia La Altagracia, para recibir cargamentos de sustancias controladas procedentes de Colombia. Posteriormente, la red proyectaba el envío de los cargamentos hacia mercados internacionales situados en Estados Unidos y Europa.
Las pesquisas trascendieron las fronteras nacionales hacia territorio colombiano con el propósito de ubicar y arrestar a los restantes presuntos miembros de la red. Se prevé que la Procuraduría General de la República formalice el depósito digital de la solicitud de coerción en las próximas horas para dar paso al conocimiento del proceso judicial en La Altagracia.
Con información de Noticias SIN.





















