ANTO DOMINGO. La imputada Ada Ledesma Ubiera, vinculada al caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), solicitó nuevamente una revisión de su medida de coerción tras alegar la imposibilidad económica de cubrir la garantía impuesta por el tribunal.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dispuso anteriormente la variación de la prisión preventiva que Ledesma cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres. La resolución le concedió el arresto domiciliario condicionado al pago de una fianza de 20 millones de pesos mediante contrato de compañía aseguradora, la colocación de grillete electrónico y la presentación periódica.
Sin embargo, la defensa técnica de Ledesma Ubiera acudió otra vez ante los tribunales argumentando que la imputada carece de los recursos económicos para saldar la fianza fijada, situación que mantiene paralizado el cobro y le impide hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria, por lo que solicitaron una flexibilización del monto.
Detalles del proceso judicial
Ada Ledesma Ubiera figura entre las personas procesadas en el expediente del Ministerio Público por el presunto desfalco al SeNaSa, una estafa al Estado dominicano valorada en más de 15,000 millones de pesos. En este expediente se investiga al exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y a otros exfuncionarios y suplidores.
Ledesma, quien es propietaria de una empresa suplidora de medicamentos e insumos médicos (distribuidora Lufarka), ha reiterado su inocencia ante el tribunal. En audiencias anteriores sostuvo que sus operaciones comerciales con el SeNaSa correspondieron a procesos de licitación pública y ventas legítimas de productos como proteína líquida, negando participación en maniobras ilícitas.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se han opuesto a nuevas variaciones alegando que el monto de la garantía económica debe mantenerse para asegurar la presencia de la procesada en el juicio. El tribunal evaluará los argumentos para decidir si ajusta las condiciones financieras impuestas.
