El partido Fuerza del Pueblo solicitó este martes a la Cámara de Cuentas la realización de una auditoría especial sobre las incorporaciones, los desembolsos y los controles del programa Supérate. Asimismo, requirió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa investigar las actuaciones que puedan tener relevancia penal, respetando el debido proceso.
La solicitud fue presentada por el exvicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la organización, Rafael Alburquerque, durante una rueda de prensa llevada a cabo en la Casa del Pueblo Johnny Ventura. El dirigente estuvo acompañado por Fernando Caamaño, secretario de Seguridad Social de la entidad, junto a los vicesecretarios Daniel Fernández, Van Elder Espinal y Fernando Reyes, quienes se desempeñaron como directores de la Administradora de Subsidios Sociales y del Programa Solidaridad.
Durante su intervención, Alburquerque denunció que mediante la Resolución Administrativa 003-2022, emitida el 12 de abril de 2022, la dirección de Supérate incorporó de manera unilateral 300 mil hogares al programa Aliméntate y 400 mil beneficiarios al Bonogás. Según indicó, estas 700 mil inclusiones generaron un costo anual al erario de 8,196 millones de pesos.
El representante político cuestionó que la medida incluyera a hogares que no contaban con la categorización previa del Sistema Único de Beneficiarios.
¡Pusieron la carreta delante de los bueyes! Primero incorporar, y después evaluar
Alburquerque añadió que cuatro años más tarde el programa reincidió a través de la Resolución 071-2026, del 21 de octubre, sobre el Bono Navideño, la cual contempla identificar beneficiarios, distribuir tarjetas y elaborar nóminas de depósito al margen de las funciones del citado sistema. De acuerdo con los datos ofrecidos por la organización opositora, entre 2020 y 2025 se anunciaron bonos navideños por más de 19,000 millones de pesos, sumando otros 4,000 millones propuestos en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027.
El exfuncionario aclaró que su organización no se opone a los programas sociales destinados a proteger a las familias vulnerables, pero advirtió que desde 2022 vienen denunciando el uso indebido de los recursos públicos y la expansión de padrones sin la debida transparencia.
Con información de N Digital.





















